Odio común y bien particular: claves de un rechazo a los Acuerdos de Paz

Hay grandes inquietudes sobre el destino de los Acuerdos. Nada aseguraba un camino sencillo. Ninguna resolución de conflicto lo es; mucho menos, de uno armado. Las renuncias por parte y parte debían ser muchas si es que se quería llegar a acuerdos, pero, en todo caso, justificadas en una pregunta clave: ¿a quiénes beneficiará el paso del
conflicto armado al conflicto en el marco del Acuerdo?

La respuesta parece obvia. Toda vez que un Estado Social de Derecho supone la prevalencia del bien común sobre el particular, los beneficiados, por definición, deberíamos ser todos los ciudadanos. Sin embargo, no es tan sencillo, a pesar de las buenas intenciones; como dicen los abuelos: “de buenas intenciones está empedrado el
camino hacia el infierno”. El punto es que ese paso a un conflicto sostenido en el marco de los acuerdos no beneficia a todos. Como sabemos, no es constatable que en nuestro país prime el bien común.

Sociológicamente hablando, para que prime el bien común es necesario que el Estado regule las leyes de mercado; no al revés. Sabemos que en los países donde los gobiernos tienden a practicar políticas neoliberales, son las leyes del mercado las que determinan las políticas de Estado. Actualmente en Colombia, la intención del poder ejecutivo por hacer primar el bien común sobre el particular, corre el riesgo de sucumbir ante el legislativo, merced de intereses particulares, políticos, económicos e incluso, legales. Esto último debido a que la JEP implica el mea culpa del Estado en tanto institución, reconociéndose, así mismo como parte responsable de la violencia acaecida sobre la sociedad civil.

Recordemos que históricamente el conflicto armado representaba la lucha entre un grupo que ejercía la fuerza, la violencia y el control de armas ilegalmente y un Estado que propende por el monopolio legal de la fuerza, la violencia y las armas, pero que en ocasiones como ha sido el caso de Colombia, con las ejecuciones extrajudiciales
sistemáticas – para poner solo un ejemplo- se sirve de su legalidad para cometer actos ilegales e ilegítimos. Entonces, del lado del Estado, estos acuerdos no benefician a quienes allí deberán asumir responsabilidades.

También hay que considerar, psicoanalíticamente hablando, la satisfacción que produce la guerra en cada uno. Es ingenuo creer que solo quienes participan directamente en ella encuentran alguna satisfacción. La destrucción de un enemigo, otro odiado procura tanta satisfacción a quienes la ejercen como a quienes fantasean con ella. Entonces, no ha de extrañarnos que el odio una más que el amor, determinando, como ha ocurrido ya en dos
ocasiones, nuestros ejercicios democráticos.

*Docente Universidad Católica de Pereira