Participación política de las mujeres.

Las desigualdades de género persisten en múltiples escenarios y el espacio de la participación política electoral no es la excepción. Las mujeres que deciden incursionar en partidos políticos experimentan situaciones que oscilan entre la exclusión, la minimización y las agresiones que desestiman y desincentivan el interés de ellas para avanzar en la búsqueda de una curul o de una designación a cargos. Según la MOE, la violencia política contra mujeres manifiesta en 49 amenazas, 6 atentados, 6 asesinatos y otras expresiones de violencia psicológica y simbólica, dan cuenta de situaciones inaceptables que obstaculizan el interés de las mujeres para incursionar en un medio de por sí complejo y difícil.

La ONU refiere que, en los pasados comicios de octubre, en el país avanzamos en la cantidad de mujeres que se candidatizaron a corporaciones públicas, más de 50 mil mujeres, lo que significó un aumento del 15,5 % en comparación con los comicios del 2019.

Viva la Ciudadanía y la Misión de Observación Electoral con base en los datos reportados por la Registraduría Nacional dan cuenta de un paso significativo en las gobernaciones, pasando de 2 a 6 gobernadoras; en alcaldías, se pasó de 121 a 146 alcaldesas. Los resultados menos alentadores se registraron en concejos, el avance fue mínimo, de 18 % a 18.8 %.

Lamentablemente, en nuestra Ciudad, solo dos curules del Concejo Municipal son ocupadas por mujeres y dos en la Asamblea Departamental, ninguna mujer fue elegida alcaldesa, ratificando la brecha de desigualdad. Esta escasa representatividad de las mujeres en la política electoral da cuenta de la persistencia de prácticas patriarcales, prejuicios y estereotipos de género que confirman un supuesto en el que las mujeres no deberían incursionar en escenarios de disputas de poder político, y cuando lo hacen, se asume como una transgresión al orden de género establecido. De este modo, las mujeres enfrentan desafíos diferenciados en comparación con los hombres, dado que no solo deben lidiar con las tensiones y conflictividades propias de la contienda electoral, sino que también deben enfrentar en la cotidianidad de sus partidos políticos, las violencias simbólicas que desincentivan su participación.

Es de resaltar los esfuerzos que la institucionalidad colombiana realiza de la mano de los organismos multilaterales, la cooperación internacional y las organizaciones feministas y de mujeres para superar estas situaciones, cerrar las brechas y atender los desafíos de cara al cumplimiento de la Agenda 2030, concretamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 “Igualdad de Género”. Este debe convertirse en un reto central para las entrantes administraciones locales, ubicar en las agendas y planes de desarrollo las necesidades y problemáticas
que afectan directamente a las mujeres en nuestra Ciudad y Departamento.

*Docente Universidad Católica de Pereira